El Gobierno de Trump criticó el fallo judicial contra Jair Bolsonaro

El Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, emitió un comunicado oficial en el que manifestó su desacuerdo con la resolución judicial que impuso arresto domiciliario a Jair Bolsonaro. La decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil, tomada tras una serie de investigaciones por supuestos actos golpistas, generó una fuerte reacción de la administración norteamericana, que consideró el fallo como una “intromisión preocupante en el proceso democrático”.

Según trascendió, el Departamento de Estado canalizó la postura de la Casa Blanca a través de un mensaje institucional en el que se advierte sobre “la creciente judicialización de la política en América Latina” y se menciona a Bolsonaro como “un actor clave en el proceso democrático brasileño, cuya exclusión podría tener consecuencias institucionales serias”.

Desde la asunción de su nuevo mandato, Trump ha buscado reposicionar la política exterior estadounidense con un marcado enfoque de respaldo a los líderes conservadores de la región. La situación de Bolsonaro, uno de sus aliados ideológicos más cercanos, fue motivo de seguimiento desde el inicio de las investigaciones judiciales en su contra, particularmente por su presunta vinculación con el intento de desconocer el resultado electoral de 2022.

La defensa de Bolsonaro argumenta que el expresidente fue objeto de una persecución política impulsada por sectores del oficialismo brasileño. El fallo del Supremo se dictó en el marco de una causa vinculada al supuesto financiamiento de estructuras paralelas de seguridad y campañas de desinformación, así como contactos con militares activos.

La respuesta de Trump no se limitó al plano diplomático. El expresidente norteamericano también se expresó en redes sociales con un mensaje contundente: “A Jair lo quieren callar porque representa al pueblo”, escribió, acompañado de una imagen de la bandera brasileña. Este tipo de manifestaciones alimenta la narrativa de sectores conservadores que denuncian una supuesta “ola de lawfare” contra líderes de derecha en el continente.

En Brasil, la reacción de Estados Unidos generó divisiones. Mientras sectores bolsonaristas celebraron el apoyo internacional, voceros del Gobierno de Lula da Silva advirtieron que “ningún país tiene autoridad para opinar sobre decisiones soberanas del Poder Judicial brasileño”. La tensión crece justo cuando se abre la etapa final de instrucción de la causa que podría dejar a Bolsonaro inhabilitado políticamente.

El conflicto también tiene derivaciones regionales. Otros gobiernos alineados con Washington, como los de Paraguay, Uruguay y El Salvador, adoptaron posturas de cautela, mientras que países como México y Colombia evitaron pronunciarse. El eje de conservadurismo continental, revitalizado tras el retorno de Trump, comienza a mostrar señales de acción coordinada frente a lo que consideran una avanzada progresista en las instituciones.

Desde el Congreso estadounidense, legisladores del Partido Republicano presentaron un proyecto para exigir una revisión del fallo brasileño en organismos multilaterales. Aunque se trata de una medida simbólica, refleja la centralidad que ha tomado el caso Bolsonaro en la política exterior del nuevo mandato de Trump.

En paralelo, crecen las movilizaciones en Brasil: mientras sectores oficialistas celebran la decisión judicial como un acto de justicia, los seguidores del expresidente llaman a “resistir pacíficamente” y denuncian una conspiración del sistema. El clima recuerda por momentos a lo vivido en 2018 con la prisión de Lula, aunque invertido.

La disputa judicial en Brasil y la intervención política desde Estados Unidos tensan aún más el escenario geopolítico regional. La figura de Bolsonaro, lejos de desvanecerse tras su salida del poder, se convierte en un símbolo de polarización que vuelve a enfrentar a las democracias latinoamericanas con sus propias contradicciones.