Alejandra Larrea
La tensión entre las universidades públicas y el Gobierno nacional sumó un capítulo decisivo. La UBA resolvió acudir a los tribunales para que se haga efectiva la aplicación de la Ley 27.795, que fija un piso de financiamiento, actualizaciones por inflación y auditorías de la AGN sobre el uso de los recursos. La decisión llega tras semanas de advertencias y pronunciamientos del sistema universitario en pleno y se apoya en un punto central: aunque la ley fue promulgada, su ejecución quedó supeditada a la inclusión de partidas específicas en el nuevo presupuesto.
El movimiento jurídico de la UBA se tomó luego de que el Poder Ejecutivo promulgara la Ley 27.795 por medio del Decreto 759/2025. En ese mismo acto, el Gobierno invocó el artículo 5° de la Ley 24.629 para dejar en suspenso su ejecución hasta que el Congreso determine fuentes y montos en el Presupuesto 2026. Esa cláusula, sostienen en la universidad, convierte un derecho legal en una promesa condicionada que desconoce la emergencia presupuestaria del sistema.
En términos concretos, la UBA pedirá que la Justicia ordene al Ejecutivo cumplir los mandatos operativos de la norma: la actualización al 1° de enero de 2025 de los gastos de funcionamiento por la variación del IPC de mayo a diciembre de 2024; la recomposición de becas estudiantiles por la inflación acumulada desde el 10 de diciembre de 2023; y la garantía de partidas para salarios docentes y no docentes. El planteo incluirá, además, la exigencia de que la programación financiera del Ministerio de Economía asegure la ejecución efectiva de esos créditos mientras se discute el Presupuesto 2026.
La ofensiva judicial de la UBA se alinea con el resto del sistema universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó en las últimas horas impulsar presentaciones para exigir el cumplimiento de la ley y, en paralelo, presionar al Congreso para que incorpore los recursos en el presupuesto del año próximo. En la UBA insisten en que la combinación de inflación y prórroga presupuestaria deterioró la capacidad de sostener servicios, investigación y extensión, por lo que la demora en la aplicación efectiva de la ley se traduce en recortes de hecho.
El Gobierno, por su parte, defiende que la promulgación “sin ejecución” respeta la división de poderes: el Congreso debe especificar las fuentes de financiación y los montos, y recién entonces la norma puede desplegar todos sus efectos. Ese es el corazón del Decreto 759/2025, que cita doctrina de la Procuración del Tesoro y del régimen de Administración Financiera para fundamentar que ninguna ley con aumento de gasto puede ejecutarse sin crédito presupuestario. La disputa, así, se trasladará a dos frentes: el judicial y el parlamentario.
La UBA entiende que hay margen para medidas cautelares que aseguren la continuidad de funciones esenciales mientras se debate el Presupuesto 2026. En especial, busca blindar gastos de funcionamiento —energía, insumos críticos, servicios hospitalarios y de investigación— y sostener becas y salarios que la ley ordena recomponer. También recuerda que la propia norma prevé auditorías de la AGN, por lo que el control del gasto está expresamente contemplado.
El trasfondo político es evidente: el Congreso aprobó la ley con amplias mayorías, el Ejecutivo la vetó y el Parlamento insistió, forzando la promulgación. La pulseada por su implementación ahora dependerá de la letra chica del Presupuesto 2026 y de lo que disponga la Justicia frente a la estrategia “promulgar y suspender” del Gobierno. En los rectorados, el reloj corre: cada mes sin actualización erosiona la operación cotidiana y el calendario académico.
Con la presentación judicial, la UBA busca que una ley ya vigente deje de ser un compromiso sujeto a la discusión presupuestaria y se convierta en recursos concretos. El desenlace se jugará entre tribunales y Congreso, pero la urgencia está en las aulas y los laboratorios: ahí es donde el financiamiento —o su ausencia— se vuelve una realidad palpable.
