La administración estadounidense refuerza su despliegue militar frente a Venezuela, donde ya acumula miles de efectivos y ocho buques de guerra. La ofensiva busca cortar las rutas del narcotráfico en el Caribe y enviar un mensaje político a la región.
Estados Unidos03 de octubre de 2025
Alejandra Larrea
La Casa Blanca confirmó que fuerzas estadounidenses destruyeron una quinta lancha con presuntos narcotraficantes en aguas cercanas a Venezuela, como parte de una escalada militar que ya transformó al Caribe en un escenario de tensión geopolítica. El gobierno de Donald Trump Jr. sostiene que la ofensiva es parte de una estrategia integral para frenar los flujos de cocaína y metanfetaminas que parten de Sudamérica y tienen como destino final el mercado estadounidense.
El operativo no es aislado: se inscribe en una serie de acciones coordinadas por el Comando Sur, que en las últimas semanas ha desplegado un dispositivo de gran envergadura, con destructores, aeronaves de vigilancia y equipos de elite. La narrativa oficial lo presenta como una “guerra contra los narcos”, pero en la práctica también es una demostración de fuerza frente a gobiernos como el de Venezuela y Cuba.
Un operativo que trasciende lo militar
La destrucción de las embarcaciones forma parte de una nueva doctrina que clasifica a los cárteles como “combatientes ilegales”, habilitando la intervención directa de las Fuerzas Armadas en aguas internacionales. Según los comunicados oficiales, las lanchas interceptadas se desplazaban a gran velocidad y portaban cargamentos de drogas, aunque no se detallaron cifras de incautación.
El Pentágono subrayó que las operaciones cuentan con respaldo jurídico bajo acuerdos de cooperación antidroga con países aliados del Caribe. Sin embargo, expertos señalan que se trata de un terreno ambiguo: en algunos casos los ataques se produjeron sin que existieran convenios bilaterales explícitos con los Estados ribereños. Esto abre un debate sobre soberanía y legalidad que involucra a la comunidad internacional.
Mientras tanto, la ofensiva sirve también como herramienta política interna. Trump Jr. utiliza estos éxitos militares para reforzar su imagen de presidente fuerte en plena campaña hacia las legislativas, consciente de que la lucha contra el narcotráfico goza de amplio consenso social en Estados Unidos.
Venezuela en el centro del tablero
El despliegue militar ocurre a escasos kilómetros de la costa venezolana, lo que eleva las tensiones con el gobierno de Caracas. Nicolás Maduro denunció la presencia de buques estadounidenses como una provocación y advirtió sobre el riesgo de un “incidente naval”.
La relación entre Washington y Caracas atraviesa un nuevo ciclo de hostilidad. Tras la ruptura de negociaciones políticas y la imposición de sanciones adicionales, la Casa Blanca endureció su postura. El Caribe se convirtió en un espacio de fricción directa, donde se cruzan el combate al narcotráfico, la presión geopolítica y la competencia por el control de rutas marítimas estratégicas.
Para Estados Unidos, Venezuela es señalada como un punto de tránsito relevante en las cadenas de suministro de cocaína provenientes de Colombia. En ese marco, la ofensiva en el mar también es una forma de condicionar al régimen chavista y limitar su capacidad de maniobra internacional.
El rol de la DEA y la coordinación regional
Más allá de la dimensión militar, la DEA juega un papel central en la coordinación de inteligencia. La agencia mantiene acuerdos activos con Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países de la región. El flujo de información permitió detectar movimientos sospechosos y articular operaciones conjuntas.
Colombia, que atraviesa un repunte en la producción de coca, colabora estrechamente en estas misiones. Panamá y Costa Rica también han facilitado puertos y radares para reforzar la interdicción. República Dominicana, por su ubicación, se transformó en un nodo clave para interceptar cargamentos antes de que alcancen Florida.
México, en cambio, mantiene una relación más ambigua. Aunque oficialmente acompaña los esfuerzos, los cárteles mexicanos siguen siendo los principales distribuidores hacia Estados Unidos. Esto genera tensiones permanentes y reproches cruzados entre Washington y Ciudad de México.
Cuba y el Caribe insular
La presencia de buques estadounidenses frente a las costas venezolanas inquieta también a Cuba, que percibe la ofensiva como un cerco militar. La Habana denunció que se trata de una estrategia para aislarla aún más y reforzar el embargo.
Al mismo tiempo, los países insulares del Caribe observan con preocupación la escalada. Por un lado, reciben asistencia financiera y militar de Estados Unidos; por el otro, temen quedar atrapados en una dinámica de confrontación que afecte al turismo y al comercio. Jamaica, Trinidad y Tobago y Barbados han manifestado públicamente la necesidad de coordinar bajo la CARICOM para evitar que el Caribe se transforme en un “campo de batalla ajeno”.
Riesgos de escalada y efectos en la región
La ofensiva estadounidense eleva la presión sobre las rutas narco, pero también multiplica los riesgos. Un enfrentamiento directo con fuerzas venezolanas podría desencadenar un conflicto regional. Además, la destrucción de lanchas sin procesos judiciales abre interrogantes sobre derechos humanos y debido proceso.
En paralelo, los cárteles han demostrado una capacidad de adaptación notable. Ante el refuerzo naval, redoblan el uso de semisumergibles, drones y rutas alternativas vía África occidental. Esto sugiere que la batalla está lejos de resolverse únicamente por la vía militar.
La región, en consecuencia, se enfrenta a un dilema: aceptar la lógica de la intervención estadounidense o apostar por mecanismos multilaterales que prioricen la cooperación y el desarrollo. El Caribe, Venezuela y Centroamérica están en el ojo de la tormenta, mientras Washington define su estrategia bajo el doble prisma de seguridad y política interna.
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