Alejandro Cabrera
La batalla judicial en torno al token LIBRA sumó un movimiento clave. Hayden Mark Davis, señalado como uno de los principales promotores del proyecto, pidió formalmente al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que desestime la demanda colectiva presentada por un grupo de inversores que lo acusa de fraude y asociación ilícita. El planteo apunta a bloquear la certificación como “class action” y marca el primer contraataque procesal del empresario en territorio estadounidense.
El expediente, que ya genera repercusiones políticas y financieras en Argentina por los vínculos públicos entre el proyecto y el presidente Javier Milei, quedó ahora en manos de la jueza responsable de evaluar si la acusación reúne condiciones mínimas para avanzar. La defensa de Davis afirma que no hay hechos que sostengan la denuncia, y que los demandantes “solo agruparon proyectos distintos para exagerar una teoría que no tiene sustento”.
El núcleo de la presentación de Davis
El equipo jurídico del empresario presentó un escrito extenso en el que solicita al tribunal que rechace la demanda en su totalidad. El planteo sostiene que los demandantes no lograron identificar una sola declaración falsa atribuible a Davis o a su entorno que permita inferir un engaño deliberado. Según la defensa, la acusación solo reúne ejemplos dispersos de distintos proyectos —como M3M3, MELANIA, ENRON o TRUST— que fueron impulsados por desarrolladores diferentes, con objetivos distintos y sin coordinación entre sí.
La estrategia apunta a desactivar la idea central de los demandantes: que todos los tokens mencionados formarían parte de una misma estructura, vinculada al ecosistema político argentino y utilizada para captar fondos de forma fraudulenta. Davis insiste en que no existe una empresa criminal, un patrón común ni un plan centralizado que permita sostener esa teoría.
El texto es contundente en otro punto: acusa a los demandantes de actuar “de mala fe”, de haber presentado una denuncia sin hechos nuevos y de tratar de “ampliar artificialmente” el caso para obtener una certificación colectiva que, según la defensa, no cumpliría con los requisitos legales exigidos en Estados Unidos.
La pelea por la certificación como “class action”
En el centro de la disputa está la figura de la demanda colectiva. Para que el caso avance bajo esa modalidad, los demandantes deben demostrar que existe un grupo numeroso afectado de manera similar, que la cuestión jurídica es común a todos y que la supuesta conducta fraudulenta fue uniforme.
La defensa sostiene que nada de eso ocurre: que cada uno de los proyectos mencionados tiene características propias, estuvo a cargo de personas diferentes y tuvo dinámicas de compra distintas. De esta manera, intenta evitar que el tribunal convierta el reclamo en una demanda colectiva, movimiento que ampliaría la responsabilidad eventual de Davis y aumentaría exponencialmente los riesgos financieros.
Los abogados remarcan que la acusación depende más de interpretaciones que de hechos: no se mencionan fechas concretas, no se señalan declaraciones específicas ni existe un contrato que pruebe compromisos entre las partes. Esa ausencia de material probatorio es la base del pedido de desestimación.
Implicancias políticas y conexiones con Argentina
Si bien el litigio se tramita en Estados Unidos, el caso tiene ramificaciones evidentes en Argentina. LIBRA quedó asociado en el debate público a figuras del oficialismo, especialmente al presidente Milei, quien mencionó públicamente el proyecto en varias ocasiones. Además, el token fue usado como símbolo político por simpatizantes del gobierno, lo que terminó mezclando una cuestión financiera con una narrativa partidaria.
Una eventual certificación de la demanda colectiva podría fortalecer la ofensiva de inversores que también impulsan reclamos en Argentina, donde se investigan transferencias, operaciones en billeteras virtuales, participación indirecta de funcionarios y difusión de tokens en redes sociales oficiales. Por el contrario, si el tribunal estadounidense acepta la desestimación, la acusación perdería peso internacional y la causa local podría quedar debilitada.
En este marco, el escrito de Davis no es solo un movimiento técnico: es también un intento de frenar el impacto político y mediático que la causa tomó desde su inicio. El empresario busca instalar la idea de que se trata de un reclamo inconsistente, inflado y manipulado, más vinculado a disputas políticas que a hechos financieros concretos.
Qué escenarios se abren ahora
La jueza deberá resolver los próximos pasos en semanas. Tres escenarios están sobre la mesa:
Desestimar la demanda de manera total, lo que significaría una victoria decisiva para Davis.
Rechazar la certificación como acción colectiva pero permitir que los demandantes continúen de manera individual.
Dar lugar a la certificación colectiva y permitir que el caso continúe con discovery, pedidos de documentación y declaraciones bajo juramento.
En los entornos vinculados al caso se interpreta que la defensa apunta a, al menos, evitar la certificación. Sin “class action”, el caso pierde fuerza, se fragmenta y se vuelve más costoso para los demandantes.
Por su parte, los inversores que impulsan la acusación anticiparon que, si el tribunal rechaza el formato colectivo, promoverán demandas individuales y buscarán apoyo en la causa que se instruye en Argentina, donde sí existen elementos de rastreo de billeteras y vínculos con funcionarios.
El pedido de desestimación presentado por Hayden Davis deja en claro que la disputa por LIBRA ya no es solamente financiera: es política, jurídica y simbólica. El resultado del planteo definirá si la causa se convierte en un modelo de litigación internacional contra proyectos cripto o si, por el contrario, queda reducida a un intento fallido de convertir un conflicto comercial en una mega-acusación colectiva. Lo que ocurra en Nueva York tendrá impacto directo en los próximos movimientos del caso en Argentina.
