Diego Armesto
La libertad de expresión es la libertad de las libertades. Esta reviste gran importancia en el fortalecimiento de la democracia y de la república. Por ello, en estos momentos en los que los ánimos están crispados y cualquier opinión o crítica puede sonar como un ataque a la autoridad, es necesario reflexionar y tratar de superar la grieta. John Stuart Mill decía: “Negarse a oír una opinión porque se está seguro de que es falsa equivale a afirmar que la verdad que se posee es la verdad absoluta. Toda negativa a una discusión implica una presunción de infalibilidad” (Sobre la libertad).
La Constitución, en su artículo 14, establece que todos los habitantes gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, entre ellos, el de publicar sus ideas sin censura previa. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, habla sobre la libertad de pensamiento y expresión. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 18, reconoce la libertad de pensamiento y, en su artículo 19, establece que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones y que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. En definitiva, ninguna autoridad puede limitar, censurar o silenciar la voz de quien piensa distinto. Esta debe ser la regla.
Para ilustrar esta cuestión, resulta esencial una somera lectura de lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de esta libertad, especialmente en cuestiones de interés público: “La libertad de expresión (…) es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. No sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, que implican tolerancia y espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática” (Caso Ríos y otros vs. Venezuela).
La obligación del Estado es brindar suficientes garantías para la libertad de expresión, ya que su inexistencia debilita nuestra democracia. De este modo, debe minimizar al máximo todo tipo de restricciones a la información y frenar el ataque abierto hacia los comunicadores. Necesitamos de una prensa libre y sin restricciones, pues solo así se enriquece y robustece el debate público.
En los últimos tiempos hemos escuchado frases como “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, “basuras mentirosas”, que “inyectan veneno”, “mentirosos patológicos”, “pauteros” y “depravados”, que ejercen una profesión “inmunda”, como “un ejército de mitómanos” y que tienen “déficit de IQ severo”.
Sin el menor afán de disimular la intención de manipular emociones fuertes —tan habitual en las campañas políticas—, pareciera que, desde la adjetivación, se busca el amedrentamiento. Se recomienda no escuchar a determinados comunicadores mediante conceptos ambiguos, intentando censurar al que opina o piensa distinto. En estos tiempos debemos promover el fortalecimiento de la sociedad democrática mediante la pluralidad de voces y el debate libre. En definitiva, la libertad de expresión es la piedra angular que sostiene el pesado edificio de la democracia.
En nuestra joven democracia todavía discutimos, debatimos, etiquetamos y discriminamos a partir de la palabra. Por ello, se hace fundamental respetar los derechos y las libertades, reconocer las diferencias y buscar lugares comunes. Debemos garantizar el libre y pleno ejercicio de esos derechos a toda persona, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (artículo 1 de la CADH). Y, como bien afirmó el juez Hugo Black, “la prensa debía servir a los gobernados, no a los gobernantes”.
