Alejandro Cabrera
Lejos de la narrativa de "tolerancia cero", el propio Estado salvadoreño habría construido un acuerdo informal con la estructura criminal más peligrosa del país para garantizar gobernabilidad, reducir homicidios y acumular capital político.
Cómo comenzó el acuerdo: el eje homicidios-electoralismo
Durante los primeros años del gobierno de Bukele, los homicidios bajaron drásticamente. Esta caída fue usada como estandarte político. Sin embargo, en paralelo, comenzaron a circular informes de que líderes de la MS‑13 habían sido sacados de penales de máxima seguridad y trasladados a cárceles con beneficios, incluso con acceso a visitas íntimas, celulares y alimentos.
El motivo no era humanitario. Era estratégico: garantizar que las estructuras pandilleras no interfirieran con el clima político. El gobierno necesitaba paz callejera para consolidar su modelo. La MS‑13 necesitaba tregua para recomponerse tras años de persecución. El resultado fue un acuerdo informal: reducción de violencia a cambio de beneficios penitenciarios y freno a la extradición de líderes.
La pieza clave: las extradiciones congeladas
Entre 2021 y 2023, Estados Unidos solicitó al menos seis extradiciones de jefes de pandillas, incluyendo a Borromeo Henríquez, alias “Diablito”, considerado cerebro estratégico de la MS‑13. A pesar de contar con convenios judiciales bilaterales, El Salvador bloqueó el procedimiento. El argumento fue técnico, pero las consecuencias fueron políticas: proteger a quienes tenían capacidad real de paralizar la violencia.
Lo llamativo no fue solo el bloqueo, sino el contexto: mientras se negaban las extradiciones, se promovía a fiscales alineados al Ejecutivo y se reemplazaban jueces con votos de la bancada oficialista.
El mensaje cifrado: represión para las cámaras, negociación en la sombra
Simultáneamente, Bukele inauguraba la megacárcel CECOT y desplegaba miles de soldados para capturar pandilleros rasos. Las imágenes se viralizaban en redes y daban cuenta de una represión sin precedentes. Pero las estructuras medias y altas de la MS‑13 seguían intactas. Las capturas masivas apuntaban a los operativos de calle, no a las cúpulas.
Esto se traduce en un patrón: espectáculo público y control privado. La megacárcel servía como mensaje externo. La mesa de diálogo, sin cámaras, sostenía el pacto real.
Las filtraciones de inteligencia: documentos y transcripciones
Filtraciones judiciales permitieron acceder a transcripciones de conversaciones en donde miembros de la pandilla se referían a reuniones con delegados del Ministerio de Justicia. También circularon registros de ingresos a penales que confirmarían visitas oficiales sin autorización judicial.
En algunos casos, se menciona el uso de mediadores —religiosos o funcionarios intermedios— para canalizar las peticiones de la MS‑13: desde traslados hasta mejoras alimentarias, visitas o suspensión de operativos en barrios controlados.
El componente financiero: los fondos que no llegaron
Uno de los puntos más graves de esta trama es el presunto desvío de fondos destinados a programas de desarrollo social —como los CUBOS (Centros Urbanos de Bienestar)— que habrían sido entregados a estructuras controladas por pandillas. Esto habría permitido a la MS‑13 recomponer su tejido comunitario, disfrazado de gestión barrial.
Incluso se detectaron movimientos sospechosos en cuentas vinculadas a ONG tercerizadas, en las que parte del dinero nunca fue justificado.
Consecuencias: Estados Unidos baja el pulgar
La administración estadounidense retiró el apoyo a ciertos programas y desclasificó informes que apuntan a altos funcionarios salvadoreños por encubrimiento. Aunque públicamente se sigue reconociendo el éxito del “modelo Bukele” en seguridad, se congelaron ayudas específicas. También se mencionó a figuras clave como Osiris Luna y Carlos Marroquín en las investigaciones.
La administración de Bukele acusó persecución política, pero nunca desmintió las visitas, ni justificó la no extradición de los líderes.
El riesgo estructural: pactar con quien no se puede controlar
El problema no es solo ético o judicial. Es estructural. Pactar con una organización criminal que controla territorio, economía y vida comunitaria es habilitar una forma paralela de poder. Por más éxito comunicacional que se obtenga, el costo es institucional: la autoridad del Estado se terceriza. Si el pacto se rompe —como ocurrió durante las masacres de 2022— la violencia vuelve, pero más organizada.
