Alejandra Larrea
Francia amaneció este miércoles con un clima de máxima tensión. Miles de manifestantes, convocados por centrales sindicales y organizaciones sociales, paralizaron rutas, estaciones y accesos estratégicos en rechazo al nuevo plan de ajuste económico. La protesta, que coincidió con la asunción del primer ministro Sébastien Lecornu, se convirtió en la primera gran prueba para el renovado gabinete de Emmanuel Macron.
En París, Lyon y Marsella se registraron las escenas más fuertes. Barricadas con contenedores en llamas, bloqueos de avenidas y enfrentamientos con la policía marcaron la jornada. Los disturbios obligaron a suspender servicios de transporte y a reforzar la seguridad en estaciones y aeropuertos. Según el balance oficial, solo en la capital hubo más de 200 detenidos, mientras que en otras regiones se produjeron arrestos similares.
El gobierno desplegó 80.000 policías y gendarmes en todo el país para contener la protesta y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales. A pesar del operativo, las movilizaciones lograron interrumpir el tránsito en varias autopistas y reducir la actividad económica en las principales ciudades.
Los sindicatos denunciaron que el plan de ajuste incluye recortes presupuestarios, reformas laborales regresivas y la eliminación de beneficios sociales. Para los organizadores, se trata de un retroceso en derechos conquistados y una amenaza directa al poder adquisitivo de los trabajadores. La protesta, que en muchos casos derivó en choques violentos, busca presionar al Ejecutivo para que revise las medidas.
En el plano político, la crisis social se suma a la fragilidad institucional de Macron, que en menos de dos años ya debió reorganizar su gabinete varias veces. El arranque de la gestión Lecornu quedó marcado por la conflictividad y abre un panorama incierto, con riesgo de que la presión en las calles escale en las próximas semanas.
La imagen de barricadas ardiendo frente a cordones policiales en ciudades clave se convirtió en el símbolo de una Francia fracturada, donde el malestar social amenaza con transformarse en una crisis de gobernabilidad de largo alcance.
