Alejandra Larrea
El cierre de la Vuelta a España estaba previsto para este domingo con una etapa que debía atravesar puntos representativos del centro de Madrid: Gran Vía, Calle Mayor, Puerta del Sol, Plaza de Oriente, Paseo del Prado y Callao. Sin embargo, cientos de manifestantes propalestinos irrumpieron en el tramo final del circuito, cortaron vallas, obstaculizaron el paso de los ciclistas y generaron conatos de enfrentamiento con la Policía. Las fuerzas de seguridad respondieron con cargas en varios puntos, entre ellos Atocha y Gran Vía.
Ante la magnitud de los cortes y la imposibilidad de garantizar la seguridad, la organización de la carrera modificó en el último momento la entrada a Madrid, descartando el paso por el centro de Alcobendas, e intentando una ruta alternativa. A las 17:30 se produjo ese cambio, aunque no evitó los bloqueos en el centro. Alrededor de 60 kilómetros restaban para el final cuando la carrera fue oficialmente suspendida.
El danés Jonas Vingegaard ya había asegurado la clasificación general antes de la jornada final y fue declarado ganador, aunque no pudo subir al podio en Madrid dada la interrupción. La suspensión impactó también a espectadores, medios y autoridades, que habían movilizado un dispositivo de seguridad inédito.
El hecho generó una oleada de reacciones políticas y sociales: desde el gobierno central hasta los partidos de oposición y líderes locales, todos cuestionaron la gestión de la seguridad y el uso de eventos deportivos para protestas políticas. Se expresó también empatía por quienes consideran que hay causas justas detrás de la manifestación, aunque condenaron los disturbios, la violencia y los bloqueos como forma de interrupción de un evento con amplia audiencia.
