Espert y el caso Machado: “¿Podía saber en 2019 lo que haría años después esa persona?”

La campaña electoral bonaerense entró en turbulencia tras las revelaciones sobre la presunta conexión entre José Luis Espert y Fred “Fred” Machado, empresario detenido con pedido de extradición por causas de narcotráfico y lavado. En la recta final hacia las urnas, el candidato y presidente de la Comisión de Presupuesto quedó en el centro de una tormenta que combina acusaciones judiciales, especulación política y un trasfondo incómodo: cómo se financian realmente las campañas en Argentina.

En declaraciones recientes, Espert defendió su rol en 2019, negó cualquier vínculo directo con Machado y sostuvo que los vehículos que utilizó en esa campaña —un avión privado y una camioneta blindada— fueron provistos por el sello partidario que lo respaldaba. La oposición, sin embargo, insiste en que hubo aportes ilegales y exige su salida de la estratégica comisión que conduce el debate presupuestario.

De los primeros contactos a la campaña de 2019: una cronología con sombras
El primer acercamiento entre Espert y Machado se remonta a 2018, en el marco de una gira de presentaciones de su libro. Según relató el propio economista, un vuelo privado facilitado por contactos del empresario le permitió trasladarse rápidamente a una actividad en la Patagonia. Ese gesto, minimizado entonces, sería el prólogo de una logística más amplia durante la campaña presidencial de 2019.

Ese año, Espert competía por fuera de los grandes aparatos partidarios y bajo sellos que no controlaba de manera directa. El avión y la camioneta blindada que utilizó fueron provistos por referentes de esas estructuras, en un esquema que, según él, no le permitió auditar la procedencia de los recursos. Lo que en su momento parecía una solución práctica para un outsider, hoy es el eje de las acusaciones en su contra.

Mientras tanto, Machado avanzaba en un entramado empresarial que, según la Justicia internacional, se vinculaba con maniobras de narcotráfico y lavado de activos mediante aeronaves y compañías de fachada. Su detención en 2021 y el proceso de extradición a Estados Unidos son el telón de fondo de la controversia que vuelve a poner bajo la lupa los recursos utilizados por Espert seis años atrás.

La chispa del escándalo actual fue la aparición de documentos que mencionan una transferencia de USD 200.000 relacionada con la campaña del economista. Espert niega de plano esa operación y sostiene que se trata de una maniobra de desprestigio político. Sin embargo, el dato alimentó reclamos opositores para investigar si hubo o no aportes ilegales en la campaña.

La defensa del economista: “¿Podía saber en 2019 lo que haría años después esa persona?”
En su descargo, Espert planteó una defensa en tres niveles. Primero, que en 2019 no conocía los antecedentes de Machado y que, de haberlos sabido, jamás habría aceptado ningún tipo de ayuda. Segundo, que su relación con la logística de campaña era limitada y se circunscribía a “subirse a los vehículos” que le asignaba el partido. Y tercero, que la supuesta transferencia de dinero no tiene asidero y deberá probarse en la Justicia, no en los medios.

El tono elegido no fue defensivo, sino desafiante. Espert acusó a la oposición de intentar desviar el debate económico en plena discusión presupuestaria y aseguró que no renunciará a la presidencia de la comisión ni se bajará de la campaña. “No voy a darles el gusto”, afirmó, en un mensaje destinado tanto a su electorado como a sus aliados políticos.

El oficialismo, por su parte, salió a respaldarlo de manera calculada. Dirigentes de peso lo instaron a dar explicaciones rápidas para evitar que el tema siga creciendo, pero al mismo tiempo remarcaron que el control de la Comisión de Presupuesto es vital en la negociación con las provincias y en la definición del gasto social. Ceder esa silla en este momento sería un golpe demasiado costoso para la alianza gobernante.

El costo político: Presupuesto en la mira y la oposición al ataque
La consecuencia inmediata del caso fue el pedido opositor de apartar a Espert de la presidencia de Presupuesto. El argumento es claro: quien maneja los hilos del gasto y de los vetos no puede estar bajo sospecha de financiamiento ilegal. Los bloques opositores buscan capitalizar el escándalo en dos planos: desgastar la figura del economista y debilitar al oficialismo en su principal bastión legislativo.

Dentro de la propia coalición gobernante, el caso también genera tensiones. Algunos referentes plantean que sostener a Espert puede convertirse en un pasivo electoral, mientras otros defienden la necesidad de blindarlo para evitar un precedente de “caza de brujas”. El equilibrio es delicado: demasiado respaldo podría interpretarse como encubrimiento; demasiado distanciamiento, como debilidad.

En el plano electoral bonaerense, la controversia reconfigura mensajes y estrategias. La oposición buscará mantener vivo el tema en los medios y en la Justicia, con la expectativa de erosionar la credibilidad del candidato en los últimos días de campaña. El oficialismo intentará encapsularlo en un hecho del pasado, asociado a partidos menores y a un candidato que recién comenzaba a incursionar en la política.

Una campaña atravesada por la incertidumbre
El caso Espert-Machado se convierte así en un test de transparencia y de responsabilidad política. No se trata solo de lo que sucedió en 2019, sino de lo que ocurre hoy con los controles internos de los partidos, con las auditorías del Estado y con la capacidad del sistema político de separar la paja del trigo.

Mientras tanto, el país discute el Presupuesto 2026, los vetos recientes, el ajuste en áreas sensibles y la negociación con las provincias. En ese escenario, el escándalo no solo golpea a un candidato, sino que amenaza con alterar la dinámica de una de las campañas más reñidas de los últimos años.

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