Francisco

Ricardo Arriazu, uno de los economistas más escuchados por el Presidente, reconoció que la nueva matriz productiva puede mejorar las cuentas externas mientras destruye trabajo en las grandes ciudades. Su advertencia alcanza especialmente al conurbano bonaerense, donde teme que la apertura deje desempleo, pobreza y una crisis social difícil de resolver únicamente con el mercado.

La crisis comenzó con llegadas crecientes por mar tras una sentencia que limitó las devoluciones inmediatas, desbordó los centros de acogida y explotó el jueves 30 de julio con un cruce sin precedentes. España desplegó al Ejército, confirmó al menos 34 muertes y acordó con Marruecos acelerar los retornos, mientras Europa exige recuperar el control de la frontera.

El Presidente anunció una regla permanente para impedir que la administración nacional mantenga déficits durante varios meses. Si el Congreso no recompone las cuentas dentro de un plazo todavía no precisado, se paralizarían actividades públicas, se congelarían gastos y contratos y dejarían de cobrar las máximas autoridades. La propuesta promete que el costo recaiga sobre la política, pero podría afectar servicios, trabajadores, proveedores y provincias.

El gobierno de Giorgia Meloni anunció controles temporales en los viajes aéreos y marítimos procedentes de España, mientras Francia reforzó su frontera terrestre y Finlandia reclamó una respuesta más dura. Madrid acusa a sus socios de aprovechar políticamente la emergencia y recuerda que España no fue suspendida ni expulsada del espacio europeo de libre circulación.