Alejandra Larrea
Cuando en 2020 apareció bajo arresto domiciliario, pocos imaginaban que el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez acabaría siendo absuelto de los cargos que lo habían convertido en el primer exmandatario del país en ser condenado. Hoy, tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, su figura emerge entre el alivio de sus seguidores y la alarma de sus críticos.
La absolución llega en un momento crucial: Colombia se prepara para las elecciones de 2026, y el futuro político de Uribe —y de su movimiento político de derecha— vuelve a ponerse en juego. Más allá de la persona, el fallo plantea preguntas sobre el sistema judicial, la credibilidad de los testigos y los plazos de la justicia en casos de alto impacto.
El caso comenzó en 2012, cuando el senador Iván Cepeda presentó denuncias sobre supuestos vínculos de Uribe con grupos paramilitares en Antioquia. Con el paso del tiempo, las investigaciones se centraron en acusaciones de manipulación de testigos —principalmente a través del exmilitar Juan Guillermo Monsalve— y de soborno en actuación penal, junto con fraude procesal.
En julio de 2025, una jueza de primera instancia lo halló culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal, imponiéndole 12 años de prisión domiciliaria. Sin embargo, este martes 21 de octubre el Tribunal de segunda instancia revocó la sentencia, argumentando que no se acreditó que Uribe “instigara” el delito de soborno en actuación penal, que la valoración de pruebas y testimonios clave adolecía de “deficiencias estructurales” y que existían vacíos en la cadena de responsabilidades.
Claves del fallo
*El tribunal consideró que no había evidencia directa o indirecta de que Uribe ordenara la modificación de testimonios o el pago de sobornos en el caso Monsalve o en la del exparamilitar Carlos Enrique Vélez.
*Señaló errores materiales en la sentencia original: grabaciones interceptadas de forma cuestionable, testimonios contradictorios, defectos en la valoración jurídica de la “intención” (dolo) y falta de conexión entre Uribe y las acciones de su abogado Diego Cadena.
*Al mismo tiempo, el tribunal abrió carpetas para investigar a Velez por posible falso testimonio y ordenó compulsas de copia para nuevas pesquisas.
Implicancias políticas
Para Uribe y su partido, el Centro Democrático, la absolución representa un respiro mayúsculo: podrían volver a participar plenamente en la arena parlamentaria, incluso con candidaturas para el Senado o la presidencia en 2026. Ya se habla de un posible regreso de Uribe a la política.
Pero la decisión tiene impacto más allá de él. El fallo reaviva el debate sobre cómo la justicia en Colombia aborda casos de alto perfil político, las garantías de los acusados, el rol de los testigos protegidos y la separación de poderes. También aviva la polarización: sus críticos la interpretan como una victoria de la impunidad, mientras sus seguidores la presentan como la reivindicación de un líder al que consideran perseguido.
En el plano institucional, el veredicto reafirma que ni los expresidentes están fuera del alcance del sistema judicial, pero al mismo tiempo pone en evidencia los límites de la prueba en casos complejos que tocan la guerra, la política y la memoria histórica.
¿Qué sigue ahora?
La posibilidad de que el proceso regrese a la Corte Suprema de Justicia de Colombia no está descartada. Aunque la sentencia ya fue emitida, la parte acusadora aún puede acudir al recurso de casación. Mientras tanto, la absolución será el argumento principal de Uribe y su entorno para recuperar protagonismo político.
Por su parte, los sectores que planteaban responsabilidades por vínculos con paramilitares o por la desmovilización de esas estructuras seguirán atentos al expediente más amplio que agrupa otros casos bajo la etiqueta “parapolítica”. El resultado de este capítulo no cierra ese historial, pero lo condiciona.
La absolución de Álvaro Uribe no solo modifica su situación legal, sino que reconfigura el tablero político de Colombia. Un expresidente que fue considerado histórico por su influencia vuelve a tener luz verde para moverse políticamente. Al mismo tiempo, los cuestionamientos institucionales al sistema judicial resurgen con fuerza, planteando que en este país cada fallo tiene ramificaciones que trascienden lo penal.
